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Dublín asegura que no concedió ayudas fiscales a la compañía.

La Comisión Europea ha dado a conocer los detalles de su decisión de agosto que obliga a Apple a devolver más de 13.000 millones de euros al entender que Irlanda concedió ayudas fiscales a la compañía norteamericana.

Una decisión que se anunció el pasado agosto, que hoy se ha confirmado, y rechazan frontalmente tanto el Gobierno del país como la propia compañía, razón por la que han anunciado que llevarán a cabo un recurso con la idea de anular el dictamen de la Comisión.

En concreto, el Gobierno de Irlanda ha publicado un duro argumentario en el que recoge las líneas maestras de su apelación a la decisión de la Comisión Europea contra Apple, ya que Dublín sostiene que Bruselas «ha excedido sus poderes» y no ha cumplido su obligación de actuar con imparcialidad.

La Comisión explica que Apple consiguió pagar un tipo efectivo del impuesto sobre sociedades del 1% sobre los beneficios generados en Europa en 2003 y que se redujo hasta el 0,005% en 2014, por lo que exige a la compañía que devuelva 13.000 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en Irlanda.

A este respecto, el Ministerio de Finanzas de Irlanda señala que el Gobierno irlandés «no acepta el análisis de la Comisión» y defiende que el país no ofreció un tratamiento fiscal favorable a Apple, añadiendo que «Irlanda no hace tratos con los contribuyentes».

«Irlanda no acepta el análisis de la Comisión, por eso hemos presentado una solicitud ante el Tribunal General de la UE para que anule la totalidad de la decisión», apunta el Ministerio irlandés.

«Bruselas no es imparcial»

Entre los argumentos esgrimidos por Irlanda, cuya apelación fue registrada el pasado 9 de noviembre ante el Tribunal General de Justicia de la UE, Dublín acusa a la Comisión de haber aplicado mal la legislación sobre ayudas estatales en un intento de «reescribir las leyes fiscales irlandesas para empresas».

De hecho, el Ministerio irlandés de Finanzas considera que Bruselas no siguió los procedimientos requeridos, «vulnerando el deber de buena administración al no actuar imparcialmente y de acuerdo con la diligencia debida».

«La Comisión ha excedido sus poderes e interferido con la soberanía fiscal nacional», añade el Gobierno irlandés, que acusa a Bruselas de infringir los principios de seguridad jurídica y confianza legítima invocando presuntas normas de derecho comunitario nunca identificadas previamente, señalando la invocación de documentos de la OCDE de 2010 que no podrían haber sido previstos en 1991 o 2007.

En este sentido, Dublín sostiene que la Comisión Europea no ha justificado de manera apropiada su decisión, vulnerando de forma manifiesta su obligación de proporcionar una enunciación clara e inequívoca de las razones para su decisión al «invocar simultáneamente escenarios fácticos manifiestamente divergentes» e incurriendo en contradicciones sobre el origen de la norma que afirma que Irlanda infringió.

«Apple es objetivo porque genera muchos titulares»

El consejero general de Apple, Bruce Sewell, y el director financiero de la compañía, Luca Maestri, han explicado a Reuters que la intención de la compañía es hacer frente a una batalla legal contra Bruselas por una decisión que consideran injusta.

Sewell ha explicado el interés de ir contra su compañía radica en el éxito que tiene el fabricante de iPhone y iPad. «Apple no es un caso aislado en ningún sentido que importe a la legislación. Es un objetivo conveniente porque genera muchos titulares. Permite que el comisionado se convierta en Danés del año 2016«, dijo Sewell, refiriéndose al título concedido por el periódico danés Berlingske el mes pasado a la comisaria Europea de Competencia, Margrethe Vestager, encargada del caso contra la compañía.

Apple ha especificado que informará a los jueces de que la Comisión no fue diligente en su investigación porque no se tuvo en cuenta a los expertos fiscales introducidos por las autoridades irlandesas.

«Ahora los irlandeses han dado una opinión experta de un abogado fiscal irlandés muy respetado. La Comisión no sólo no atacó eso —ni lo discutió, hasta donde sabemos— y es que probablemente ni siquiera leyó porque no hay ninguna referencia (en la decisión de la UE)», arremetió Sewell.